Guia de preguntas sobre vivienda, suministros básicos y telecomunicaciones durante el Covid 19

VIVIENDA, SUMINISTROS BÁSICOS Y TELECOMUNICACIONES

La evolución del COVID-19 en las últimas semanas, ha supuesto la adopción de medidas extraordinarias, tanto en España como en la Unión Europea y a nivel internacional, para evitar en la medida de lo posible, la propagación del virus. Estas medidas afectan a diferentes aspectos de la vida cotidiana de los consumidores.
Entre las medidas que, paulatinamente, se han ido adoptando en el Estado de Alarma en el que nos encontramos, que buscan hacer frente al impacto económico y social que está generando el virus, se incluyen medidas de apoyo a las familias o consumidores que se ven afectados por estas circunstancias, así como otras sobre los diferentes servicios que los consumidores utilizan en su día a día.

Guía elaborada por la Dirección General de Comercio y Consumo


A través de una Guía, elaborada por la Dirección General de Comercio y Consumo, han intentado dar respuesta a las preguntas que más preocupan a los consumidores madrileños. Estas preguntas y respuestas se irán actualizando en la medida en que la evolución de la situación lo aconseje o en función de las disposiciones normativas que puedan adoptarse durante la vigencia del Estado de Alarma.


1.1. Me iban a desahuciar de mi vivienda, ¿como consecuencia de la pandemia tengo algún tipo de suspensión del desahucio?


SÍ, conforme las medidas adoptadas, se prevé la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Es decir, a la persona arrendataria que acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, podrá concedérsele una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento, por un periodo máximo de seis meses a contar desde el 1 de abril de 2020. Para que opere esta suspensión, la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica que se definen en Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.



1.2. Vivo de alquiler y no sé si como consecuencia de esta pandemia tengo algún beneficio social. ¿Es así?


En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (compruébelo en su contrato), en los que, dentro del periodo comprendido entre el 1 de abril y hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del Estado de Alarma, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto o el periodo de prórroga tácita, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.


1.3. Como consecuencia de esta pandemia, no puedo hacer frente al alquiler, ¿tengo la posibilidad de una moratoria para el pago si mi arrendador es un gran tenedor (tiene más de 10 inmuebles arrendados)?


En el RD 11/2020 se han adoptado una serie de acuerdos a este respecto siempre que:
a) Se trate de su vivienda habitual,
b) Que usted se encuentre en situación de vulnerabilidad económica a
causa del COVID-19

Además, habrá que diferenciar si la parte arrendadora es una gran empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, (excluyendo garajes y trasteros) en cuyo caso,
a) Lo debe solicitar en el plazo de un mes a contar desde el 1 de abril de 2020 (no será necesario realizar esta petición si aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes).
b) La persona arrendadora deberá comunicarle en el plazo de 7 días laborables, si opta por
i. Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el Estado de Alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.


ii. Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el Estado de Alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.


1.4. ¿Y si mi arrendador no es un gran tenedor?


Siempre que se trate de su vivienda habitual y usted se encuentre en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19 podrá solicitar a su arrendador en el plazo de un mes a contar desde el 1 de abril de 2020, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.
El arrendador en el plazo de 7 días deberá contestarle indicando las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas. Si la persona física arrendadora no aceptara ningún acuerdo sobre el aplazamiento podrá optar por las ayudas al alquiler.


1.5. ¿Qué se entiende por situación de vulnerabilidad económica, a los efectos de moratorias y/o ayudas al alquiler de vivienda habitual?


Para entender que un consumidor se encuentra en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se requiere que se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:

a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Este indicador se incrementará en el caso de hijos a cargo, familias monoparentales, mayores de 65 años a cargo de la unidad familiar o situación de discapacidad superior al 33%.


b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entiende por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.


1.6. ¿Existen ayudas al alquiler de la vivienda habitual?


En caso que su arrendador no le aplace o fraccione el pago del alquiler, tenga problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encaje en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida se podrán solicitar ayudas con cargo al “Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”, que deberá instrumentarse mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.


1.7. Durante la vigencia del Estado de Alarma, ¿qué consumidores pueden beneficiarse de la prohibición del corte de suministro de agua, gas y electricidad?


De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto – Ley 11/2020, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso.

Es decir, no se podrá cortar el suministro de agua, gas o electricidad a ningún consumidor (persona física) salvo para garantizar la seguridad del suministro, la seguridad de las personas y las instalaciones.


1.8. ¿Se pueden realizar operaciones de portabilidad de líneas telefónicas y/o internet?


Si bien el Real Decreto Ley Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 establecía la suspensión de todas las operaciones de portabilidad que no estuvieran en curso, la modificación operada por el Real Decreto 11/2020 matiza que mientras esté en vigor el Estado de Alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso para cuya materialización sea necesaria la presencia ya sea de los operadores involucrados o sus agentes, ya sea del usuario, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.
En aquellos supuestos en que se hubiese iniciado una operación de portabilidad y hubiese que suspenderla por requerir la realización de alguna actuación presencial para completar el proceso, los operadores involucrados deberán garantizar que dicha operación de portabilidad no se complete y que en ningún momento se interrumpa el servicio al usuario.


1.9. ¿Pueden los operadores de servicios de telecomunicaciones incrementar los precios de sus servicios?


Mientras esté en vigor el Estado de Alarma, los operadores proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas no podrán incrementar los precios de los servicios en los contratos ya celebrados, ya sea de abono o de prepago, siempre que dichos servicios pudieran dar lugar a operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil una vez finalizado el Estado de Alarma

Fuente: Comunidad de Madrid

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