Protocolos de actuación de las instituciones ante una denuncia por violencia de género

La actuación de las instituciones ante una denuncia por violencia de género

Es imprescindible visibilizar en informar acerca del buen trato institucional que tienen que recibir las víctimas de violencia de género. Para ello, hay que fijar unas pautas de conducta que, en realidad, están recogidas en el propio ordenamiento jurídico tras las últimas reformas, pero desde iFamilias vamos a ofreceros a modo de lineas infranqueables que hemos de conocer  de  las distintas fases de la atención judicial a las víctimas aquellos aspectos que es muy importante tener en cuenta por  la víctima para que no sufra la llamada
victimización secundaria que, en más de una ocasión, lo que provoca no es ni más ni menos que la desconfianza en el sistema.

 

Informar a las víctima sobre cuáles son sus derechos.

Esta información es fundamental para que la  víctima pueda:
a.- Pedir una orden de protección con el paquete de medidas que confiere el art. 544.3°Lecrim para que la víctima sepa que tiene
derecho a instar, no solo durante la fase de instrucción
1.- Una orden de alejamiento para ella, sus familiares y personas que designe.

2.- Una prohibición de comunicación.
3.- Medidas civiles y en qué consisten, si la víctima desea iniciar el procedimiento civil de separación o divorcio.
b.- Pedir la imposición de una pulsera electrónica de localización al denunciado si va a quedar en libertad, para garantizar el control policial del mismo que evite su acercamiento.
c.- Dar su dirección de correo electrónico para que le notifiquen las resoluciones del art. 7 Ley 4/2015.
d.- Las ayudas sociales a las que pueda tener derecho.
e.- La atención psicológica que pueda recibir.
f.- Derecho a la asistencia letrada gratuita.
g.- Derechos económicos y ayudas que puede recibir.
h.- Protección en el orden laboral.
i.- Atención debida a los hijos que también son víctimas del maltrato.
Sobre ello puede llegar a hablarse de una denominada Justicia Informacional, por la que el letrado de la Administración de Justicia
informará a las víctimas del haz de derechos que le corresponden (art. 109  Lecrim), asegurándose de que los ha comprendido suficientemente.

 

Concepto de “victimización secundaria”

Suele entenderse la victimización secundaria como las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal. Supone, un
choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional, involucrando una pérdida de comprensión acerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras y generando una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las instituciones para dar respuesta a las necesidades de las mismas.

 

No puede tratarse a las víctimas haciéndoles sentirse
culpables de ser víctimas

Las víctimas no pueden vivir en un síndrome de Estocolmo que les haga sentir culpables y “secuestradas” por la idea de que han hecho algo mal y hasta justificando el maltrato. El clima y situación en la que llegan al momento de denunciar ante la policía o la justicia les hace sentirse indefensas y propensas a que puedan recibir más daño si no se le da la atención debida y un buen trato institucional, porque, de lo contrario, las podemos condenar a no confiar más en el sistema y que se nieguen a declarar o hasta llegar a “proteger” al denunciado.

La víctima no puede entrar en un “peregrinaje judicial”.

No podemos consentir que enviemos a las víctimas de un punto judicial a otro “peregrinando” su declaración y poniéndole obstáculos en lugar de facilitarle lo que quiere, que no es otra cosa que protección y atención.

 

La ansiedad de las víctimas no puede incrementarse con más ansiedad con un maltrato institucional.

Las víctimas llegan a la policía y a la justicia con una lógica ansiedad provocada por lo que han sufrido, por lo que se deben tomar medidas de buen trato y atención que les reduzca el nivel de ansiedad.

 

No se les debe cuestionar la veracidad de lo que cuentan.

La Administración de Justicia no puede recibir a la víctimas cuestionando, aplicando criterios apriorísticos o prejuicio de género, que
sea verdad lo que está denunciando porque ello quedará a la valoración de la prueba por el juez de enjuiciamiento tras el juicio correspondiente, pero el primer contacto con el sistema no puede conllevar un rechazo de los encargados de recibir a las víctimas cuestionando que sea cierto lo que está contando. Esto es “maltrato institucional”.

 

La víctima no puede dar “marcha atrás” a raíz del maltrato institucional.

Debe evitarse este maltrato, o “victimización secundaria”, porque la víctima rechazará seguir con el procedimiento y no querrá prestar declaración cuando se le reclame, con la consecuencia de que ello derive en una resolución de archivo o en una sentencia absolutoria que más tarde le cuestione en su credibilidad si vuelve a presentar una denuncia por otro hecho de maltrato.

 

La victimización secundaria supone perpetuar los daños

físicos, económicos, sociales y psicológicos derivados de la primera victimización.
Si no atendemos bien a las víctimas no solo perpetuamos ese maltrato recibido, sino que lo incrementamos, al dejar de confiar las víctimas en la única salida que le quedaba, y que era la de denunciar lo que estaba sufriendo.

 

Victimizar a las víctimas desde la Administración supone dejarles solas.

La víctima se queda sola ante su agresor si no le atendemos debidamente con comprensión ante lo que ha podido sufrir. Y esta soledad provocada por el maltrato institucional agravará su situación anterior al llegar a pensar que “NO HAY SALIDA”.

 

El maltrato institucional es una segunda mala experiencia en la víctima.

La segunda experiencia que supondría que desde la Administración Pública no les atendamos bien es más negativa que la primaria, y puede llevar a incrementar el daño causado por el delito con otros de dimensión
psicológica o patrimonial.
Se ha llegado a hablar de una Justicia Interpersonal a la que tiene derecho la víctima para que la relación entre ésta y quienes le atienden sea positiva y no negativa.

 

La victima no puede percibir tres situaciones concretas cuando “se abre a denunciar” como son:

a.- La insensibilidad del sistema legal.
b.- La indiferencia de los poderes públicos, sobre todo el judicial.
c.- La insolidaridad de la sociedad.

 

Consideraciones de la víctima ante el maltrato institucional.

Debemos plantearnos cuál será la posición de la víctima ante el maltrato institucional; es decir, qué considera la víctima si comprueba que no es bien tratada, o, lo que es peor, que es maltratada por el sistema judicial. Y esto no es otra cosa que considerará que si le hacemos creer que el sistema le responsabiliza a ella, o no la cree, o le trata mal la víctima considerará que se está aminorando la responsabilidad del agresor, o que el sistema le acaba protegiendo a él, haciendo a la víctima responsable de que sea maltratada, lo que le provocará un mal mayor que el que tenía antes de acudir al sistema judicial. Siempre que ello no implique una inversión de la
carga de la prueba o una vulneración del Derecho a la presunción de inocencia y del resto de derechos del investigado.

 

Una buena organización judicial favorece la protección de la víctima.

Una buena organización judicial que permita dar una debida atención a la víctima en las distintas comparecencias y fases a las que
acude la víctima favorece la confianza en el sistema; sin embargo, los defectos en la protocolización perjudican la confianza de la víctima.

 

La lentitud del sistema en tramitar la denuncia es perjudicial para la víctima.

Sobre todo en los casos de violencia de género debe darse el oportuno ritmo a las distintas fases procesales, sin una rapidez extrema que podría derivar en las dificultades para aportar las pruebas que conlleven acreditar la realidad de los hechos y veracidad y credibilidad en la declaración de la víctima, ni una lentitud que haga que la víctima desista de continuar o haga inútil la respuesta que se le dé a su denuncia.

La víctima tiene derecho a no sentirse “humillada de nuevo”

La humillación del maltrato físico y/o psicológico que ha sufrido la víctima no puede incrementarse con una nueva humillación por quien tiene que recibir la denuncia de ese maltrato previo.

 

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