La lamentable situación de la educación en España

La lamentable situación de la educación en España

El Gobierno quitará a la escuela concertada el peso que le reconoció la Lomce. Asi lo anunció la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, esta semana en el Congreso de los Diputados. Para ello modificará el artículo 109.2 de la Ley Wert, que establece  la oferta de plazas en función de la llamada “demanda social”. Este término, segun la ministra,  permite a los colegios financiados con fondos públicos sacar más plazas si así lo demandan las familias. La propuesta de la también portavoz del Ejecutivo es por tanto eliminar la “demanda social” del nuevo redactado, olvidando que en los centros concertados estudia el 25% del alumnado español.

Conocer los deberes del Estado con las familias

Desde iFamilias queremos recordar a todas las familias que el Estado y sus autoridades educativas tienen la obligación de determinar los niveles de la educación obligatoria, dotándolos de los contenidos básicos para el desarrollo personal y para la integración social y laboral; tambien gozan de competencias sobre la ordenación del sistema educativo y han de asegurar que la oferta educativa se realice de manera transparente, sin discriminaciones; y que los centros cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Los poderes públicos no tienen el derecho de educar

Pero los poderes públicos no tienen el derecho a educar a los ciudadanos, porque ese derecho corresponde a los padres, a quienes se ha de asegurar la libertad de decidir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, sin más límites que los impuestos por el ordenamiento constitucional: el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Nadie puede imponer a las familias una enseñanza laicista o fundada en valores religiosos

Fuera de este marco, nadie puede imponer a las familias la escuela pública o la privada; una enseñanza laicista o fundada en valores religiosos; escuela mixta o diferenciada; porque los padres son los titulares del derecho a elegir el centro que consideren idóneo para la educación de sus hijos; y también son los padres quienes deben decidir si desean que sus hijos reciban enseñanza religiosa en la escuela.

No olvidemos nunca el artículo 27 de la Constitución

El artículo 27 de la Constitución española reconoce la libertad de enseñanza, que comprende, entre otros, el “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. En rigor, la Constitución no establece o crea ese derecho, sino que lo reconoce como anterior al propio ordenamiento constitucional y lo garantiza.

La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo ha interpretado como “una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones”, con los siguientes contenidos: derecho a la gratuidad en los niveles básicos y obligatorios; derecho de los padres a elegir centro docente, ya sea público o privado; derecho de los centros privados a recibir fondos públicos, cuando reúnen los requisitos establecidos por la ley; derecho a crear y dirigir centros educativos; y derecho a definir el carácter propio o ideario de los centros privados, que se extiende a los aspectos pedagógicos y organizativos, no sólo a los morales y religiosos.

Una profunda preocupación

Desde ifamilias nos mostramos profundamente preocupados por la forma en la que se están desarrollando los acontecimientos. Este gobierno no puede obviar la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos y la existencia de la demanda de las familias en el marco de la oferta educativa como principio de libertad de enseñanza recogido en el artículo 27 de la Constitución.

 

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