Menores en acogimiento familiar o residencial, y en adopción

El 12 de marzo de este año el Consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid  y Teresa López, Presidenta del Comité de Bioetica de Acción Familiar presentaron el análisis de la  situación de las familias a través de un exhaustivo estudio que reflejaba en principio los primeros destellos de la recuperación. La reforma introducida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ya introducía  importantes novedades. Entre las que destacaban los principios que debían regir la reforma de las instituciones de protección a la infancia y adolescencia, resaltando que se debería dar prioridad a las medidas estables frente a las temporales y a las familiares frente a las residenciales. Este principio fue una recomendación del Defensor del Pueblo formulada a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en su informe de 2013, sobre la actualización de la legislación de protección a la infancia con la finalidad de priorizar el acogimiento familiar frente al residencial. En su informe sobre niños y adolescentes, se valora muy positivamente que se haya aceptado esta recomendación y haya sido puesta en práctica con la promulgación de la Ley 26/2015.
Estos y otros cambios se deberán tener muy en cuenta en las actuaciones públicas que se lleven a cabo en la Comunidad de Madrid. Por ello parece relevante incluir en este diagnóstico una aproximación a la situación de los menores que se encuentran en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia de la  Comunidad de Madrid o que han pasado por alguna situación que haya requerido la intervención pública –por ejemplo, en el caso de adopciones-. La reforma de 2015 obliga a las Administraciones Públicas a trabajar para lograr la mayor integración en hogares familiares, de los menores que hoy están en residencias o centros de acogida. Esto no impide, lógicamente, que haya que continuar ofreciendo el máximo apoyo a los que deban permanecer en centros, tratando de convertirlos en lo más parecido a un hogar.
Los datos estadísticos utilizados en esta sección, y que corresponden a 2016, han sido facilitados por la Dirección General de la Familia y el Menor; aquellos correspondientes a 2014 y años anteriores, han sido tomados de la Memoria de Actividades 2014 del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Se recogen a las principales medidas de protección de la infancia contempladas por la ley32: tutela, guarda, acogimiento –residencial y familiar- y adopción.
A 31 de diciembre de 2016 había 3.995 menores protegidos por la Comunidad de Madrid de los que 2.768 estaban tutelados. Del total de menores protegidos, un 76,9% eran españoles, y tan sólo un 23,1% extranjeros En el año 2016 fueron abiertas 581 nuevas medidas de tutelaen la CM, de las cuales el 32% eran de menores de 6 años, seguidos por la población adolescente (mayores de 12 años), con un 47,2% del total de los menores tutelados. El 57,3% de estos menores eran niños, y el 41,1% tenían nacionalidad extranjera. En 2016, había un total de 81 centros en el sistema de acogimiento residencial de la CM. Éstos ofrecían un total de 1.502 plazas. En total, durante ese año fueron atendidos 2.069 menores; si se incluye a los menores atendidos en los centros de primera acogida, esta cifra se eleva hasta 3.405. La integración social y laboral futura de estos jóvenes sigue constituyendo un reto para la CM. En un mundo cada vez más complejo, no sólo se han de fortalecer programas activos de empleo dirigidos a ellos, sino que se ha de promover el acogimiento familiar y otras alternativas familiares y estables de protección, que permitan a los menores encontrar referentes afectivos cercanos que les proporcionen seguridad para el desarrollo de sus capacidades personales y sociales, imprescindibles para una futura integración socio-laboral sana.

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